Evocamos los graves incidentes acaecidos el 30 de diciembre de 1975 en el pleno municipal que constituyeron uno de los prolegómenos de la Huelga General Política que condujeron a la caída del alcalde falangista José Burrull.
A finales de 1975 Sabadell era una auténtica olla a presión. La muerte del dictador Francisco Franco, el 20 noviembre, había espoleado la lucha de la oposición democrática, del movimiento obrero y vecinal, pero también había provocado la reacción defensiva del denominado bunker franquista, liderado por el alcalde falangista José Burull Bonastre.
De hecho, el Ayuntamiento franquista se hallaba sumamente desprestigiado a raíz del conflicto de la Gran Vía. Además, por el despido de los diez educadores de Residencia Albada, firmado por el alcalde Burrull como presidente de Patronato que dirigía a esta institución, acusados de emplear métodos pedagógicos progresistas. El juicio en Magistratura del Trabajo, celebrado en enero de 1974, despertó una enorme expectación ciudadana, también en los medios de comunicación de Barcelona. Especialmente, cuando Burrull, sentado en el banquillo de los acusados, fue sometido a un duro interrogatorio por parte de tres los abogados de los trabajadores, entre ellos el futuro alcalde Antoni Farrés. La sentencia declaró improcedente el despido, pero el Ayuntamiento prefirió pagar las indemnizaciones antes que readmitirlos en sus puestos de trabajo.
Frente a este desafío la ultraderecha local se mostró muy agresiva. En noviembre de 1975 se lanzaron cócteles molotov contra la iglesia de Sant Joan Baptista del barrio de Gràcia y la Asociación de Vecinos de Les Termes. También fueron objeto de ataques las iglesias de Can Rull y Els Merinals. Algunos sacerdotes progresistas fueron objeto de amenazas y alguno encontró su coche quemado. El 9 de julio estalló un artefacto incendiario en el domicilio del periodista del grupo Mundo, Xavier Vinader, que había sido amenazado en diversas ocasiones. Los rumores sobre la autoría del atentado obligaron al alcalde Burull a manifestar en la comisión permanente del Ayuntamiento, celebrada del l0 de julio, “la unánime repulsa contra el acto cometido contra su persona”. Esta no era la primera vez que los fascistas locales realizaban acciones de este tipo. En la madrugada del 1 de abril de 1973 asaltaron las parroquias de Torre-romeu, Creu de Barberà y Gracia causando destrozos y llevándose material.
El clima político de la ciudad se enrareció aún más con la detención, el 8 de noviembre, de 67 miembros de l’Assemblea de Catalunya reunidos clandestinamente en el colegio de las Escolapias (más info: ‘L’Assemblea Democràtica de Sabadell‘), cuya fachada fue posteriormente objeto de pintadas amenazadores y las religiosas recibieron cartas insultantes. Todo ello en un clima de creciente conflictividad laboral en Unidad Hermètica, Clima Roca, Estampaciones Sabadell, Construcciones Roig, Fills de Pere Balsach o Autotransportes Martí.
La petición de amnistía
La última semana de 1975 fue especialmente conflictiva. El 22 de diciembre de 1975, 14 asociaciones y entidades vecinales (Sant Oleguer-Sol i Padrís, Concòrdia, Creu Alta, Ca n’Oriac, Gràcia, Llano de Can Puiggener, Arraona-Merinals, Can Deu, les comisiones gestoras de las asociaciones de vecinos del Centro y Vía Alexandra, la Asociación de Cabezas de Familia, el Centro Cultural de Torre-romeu y el Centro Social de San Roque de Can Puiggener), difundieron un documento dirigido a la opinión pública local y que fue remitido al presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, y a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación. En dicho escrito se posicionaban sobre la renovación, en enero de 1976, del alcalde, manifestando su adhesión “a la postura expresada públicamente en pro del aplazamiento de las elecciones de alcalde, por el llamado grupo parlamentario de las Cortes, quince concejales catalanes y numerosas instituciones representativas de los diversos sectores de la población”. Asimismo criticaban con dureza que “la gestión del actual Consistorio ha sido nefasta para los intereses de la mayoría de ciudadanos, beneficiando únicamente a una minoría”. Así citaban el tema de la Gran Vía, el conflicto de la Residencia Albada, la especulación urbanística, la falta de zonas verdes y locales sociales así como las deficiencias en infraestructuras sanitarias y educativas.
Los firmantes del documento atribuían esta situación a “la falta de cauces auténticamente democráticos”. Por todo ello, exigían con urgencia la “total democratización de las instituciones públicas empezando por los ayuntamientos y como paso previo a esta normalización de la vida ciudadana creemos indispensable la dimisión del actual Consistorio en pleno”.
La respuesta del Ayuntamiento franquista llegó dos días más tarde. El 24 de diciembre la tradicional felicitación navideña de la Corporación Municipal se convirtió en un acto político de apoyo a Burrull. Una delegación del Consejo Local del Movimiento, liderada por los concejales Joan Bernabeu, Ricard Royo y José Ramón Castro, manifestó el deseo que Burrull se presentase a la reelección “para dar continuidad a la labor de estos años”. El alcalde se hizo de rogar y declaró que “de momento no había nada decidido” y “que tenía que pensarlo”. No obstante, Burrull, comentando un escrito publicado en la prensa de Barcelona, aseguró “que nadie dude que los alcaldes de Franco podemos seguir en el puesto”. Acto seguido, se refirió al escrito de las asociaciones vecinales en tono displicente: “lo comprendo, son reacciones propias del momento político. Se trata de personas dispuestas a ocupar sillones que otros se supone van a dejar”.
Un pleno histórico
Ese mismo día entraba en el registro del Ayuntamiento un documento firmado por 34 entidades cívicas, donde además de las citadas asociaciones vecinales, figuraban entre otras diversos colegios profesionales como el de Abogados y Doctores y Licenciados, entidades culturales como la Acadèmia de Belles Arts, Òmnium Cultural, Cine Club Sabadell, Centre d’Esperanto, Acadèmia Catòlica, Sabadell Sardanista o la Cooperativa Sabadellenca.
El escrito reclamaba que el pleno del Ayuntamiento asumiese la “promulgación inaplazable de una AMNISTÍA GENERAL, que debe incluir los ámbitos políticos, sindicales, religiosos, académicos y administrativos y permitir, por tanto, el retorno de todos los exiliados”.
La petición tenía que sustanciarse en el pleno municipal convocado el 30 diciembre y ambos bandos se prepararon para la sesión. Esos días se comentó que Burrull había dicho: “¡Pues si ellos traen a los suyos yo también traeré a los míos”. En cualquier caso, desde alcaldía se realizaron llamadas telefónicas convocando a sus fieles.
La esperada sesión se inició con retraso sobre las 21 horas. El salón de plenos estaba abarrotado con unas 200 personas, entre ellas miembros de las asociaciones vecinales y entidades cívicas y culturales. También acudieron una veintena de militantes de la Guardia de Franco, que agrupaba a los más fervientes partidarios del Caudillo, miembros del Frente de Juventudes y funcionarios del sindicato vertical que antes de empezar el pleno realizaron algún intento de provocación a los periodistas considerados desafectos con el régimen.
El pleno transcurrió rápidamente con la aprobación puramente de trámite de algunos dictámenes de las comisiones de Hacienda y Obras Públicas. No se planteó ninguna cuestión en el punto de ruegos y preguntas. Así que el alcalde levantó la sesión. Entonces, según el informe-dossier publicado por las asociaciones de vecinos, “desde el público, sonaron algunas voces solicitando la lectura del documento pro-amnistía entregado días antes, y que fueron desoídas por el Consistorio. El alcalde dijo ‘No procede’ e inició la salida acompañado del resto de concejales”, dirigiéndose a su despacho.
Entonces, una delegación de las entidades firmantes intentó entregarle un pliego de 500 firmas a favor de la amnistía, pero esto fue impedido por un grupo de jóvenes ultras que intentaron agredir al abogado Alfons Pareja que formaba parte de dicha delegación. Ello provocó que un grupo de ciudadanos empezase a gritar ‘Dimisión, dimisión’ que fue respondido por los falangistas con los de ‘Fuera, fuera’ y ‘Eso decidlo en la calle’. La tensión era tan elevada que, si no hubiese sido por la interposición de varios agentes de la Policía Municipal, los enfrentamientos verbales hubieran degenerado en violencia física. Los agentes de la policía local invitaron a los presentes a desalojar el Ayuntamiento, excepto al grupo de falangistas. Al tiempo que los periodistas fueron informados que en esta ocasión no se celebraría la acostumbrada rueda de prensa tras el pleno y que ya podían marcharse.
En la plaza, frente al Ayuntamiento, se formó una concentración espontánea donde se gritó ‘Dimisión, dimisión’, ‘Amnistía, Libertad’ y donde se entonó por primera vez la consigna que se haría célebre en la Huelga General Política: ‘Burrull dimite, el pueblo no te admite’. Al mismo tiempo, la joven de 15 años, Isabel García Porcel, era salvajemente agredida por José Rodríguez Navarro, conocido falangista, conserje de la Delegación Local de Sindicatos y vecino de Arraona-Merinals, hasta que el padre de la muchacha salió en su defensa y fue también golpeado en la cara. Rodríguez Navarro le amenazó sacando una pistola, mientras que varios jóvenes falangistas, encabezados por Antonio Rodríguez Ortiz, apodado El Topo, del Frente de Juventudes y vecino de Torre-romeu, le apoyaban en la agresión. El incidente se zanjó con la intervención de los guardias urbanos que trasladaron a padre e hija al vestíbulo del Ayuntamiento.
Agresiones y amenazas a periodistas
En el interior del edificio, la joven reconoció a su agresor, que en ese momento estaba al lado del alcalde, y empezó a gritar acusándole. Dionisio Giménez, corresponsal de Mundo Diario y director de la revista Can Oriach, le preguntó a Rodríguez Navarro el motivo de su agresión y éste le respondió. “A ti también te voy a matar”. En ese instante, un grupo formado por Francisco Manchón, vicepresidente de la UTT del Sindicato del Metal de Sabadell, Juan Oliveras Cenauri, teniente de alcalde de Obras Públicas y muy desprestigiado por su actuación en la Gran Vía, El Topo y varios miembros del Frente de Juventudes, le propinaron varios puñetazos en el estómago, una patada en los testículos y lo sacaron a empujones del edificio. Oliveras, le agarró por el jersey, mientras le advertía: “Y cuidado con lo que escribes”.
Todo el tumulto fue contemplado impasible por el alcalde Burrul y el resto de concejales, entre ellos el de Sanidad, Francesc Vall-llovera Clapés, que lucía en la solapa el escudo de la organización fascista Fuerza Nueva. Ninguno hizo nada para detener las agresiones. En la puerta del Ayuntamiento, el periodista Xavier Vinader, fue interpelado por el teniente de alcalde de Gobernación, Joan Bernabeu, en los siguientes términos: ¡Ala, chico que ha llegado vuestra hora”! y fue conminado a abandonar la plaza. Algo más tarde, el abogado Ramon Valbé, que había asistido al pleno, fue perseguido a la salida de un bar próximo al Ayuntamiento por el grupo de fascistas encabezados por El Topo que llevaban cadenas y barras de hierro.
Dionisio Giménez, tras ser reanimado por un grupo de personas, se personó en la comisaría de la Policía Armada donde presentó una denuncia.
Campaña por la dimisión de Burrull
Al día siguiente, Giménez y Vinader, junto a los corresponsales en Sabadell de Tele/eXprés, El Correo Catalán, Mundo Diario y Europa Press, enviaron un telegrama a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación, en el que solicitaban una investigación sobre las agresiones padecidas y acabar con la violencia de los “grupos ultraderecha local”. Asimismo remitieron una carta a Carles Sentís, presidente de la Associació de la Premsa de Barcelona. También, ese mismo día, el padre y la hija presentaron una denuncia en la comisaría de Policía. Posteriormente su agresor, José Rodríguez Navarro, fue condenado por una falta de lesiones a indemnizar con 11.200 pesetas a los agredidos y a pagar las costas del juicio. Estos incidentes tuvieron un amplio eco en la prensa de Barcelona, así como protestas de todos los corresponsales de los diarios.
Tras los incidentes el alcalde aceptó reunirse con una delegación de las asociaciones vecinales y entidades cívicas, quienes tras entregarle el pliego de firmas, manifestaron su más enérgica protesta por los incidentes del pleno. Burrull intentó minimizar la importancia de las agresiones, argumentando que habían sido exageradas por la prensa. No ocultó su militancia falangista, pero dijo no estar de acuerdo con las provocaciones de la ultraderecha y aseguró que tomaría medidas para que éstas no se reprodujesen. A pesar del tono cordial, los representantes vecinales no encontraron ningún aspecto positivo de la reunión.
El alcalde fue arropado por un manifiesto en su apoyo de los concejales. Además, aparecieron unas pintadas en diversos puntos de la ciudad firmadas por la Falange con el amenazante texto: ‘Rojos y traidores, ha llegado vuestra hora, temblad’.
El 18 de enero de 1976 las asociaciones de vecinos instalaron mesas en la calle en una campaña de recogida de firmas pidiendo la dimisión del alcalde y se distribuyó un dossier sobre los incidentes del pleno del 30 de diciembre. A pesar que la policía desmanteló estas mesas en algunos barrios, se recogieron 8.117 firmas. El 21 de enero intentaron entregar en el Ayuntamiento estas firmas, acompañadas de un escrito donde se pedía la constitución de un Consell Municipal Provisional, pero se encontraron con el edificio ocupado por los ultras y la policía disolvió violentamente a los concentrados en la plaza.
El 30 de enero la comisión gestora de la Federació d’Associacions de Veïns pidió al gobernador civil permiso para convocar una manifestación el 12 de febrero y entregar las firmas al Ayuntamiento. La petición fue denegada y se amenazó al primer firmante de la solicitud, Julio Regalado, presidente de la AV de Arraona-Merinals, con responsabilizarlo de los incidentes que pudieran ocurrir. En el día previsto, diversas manifestaciones recorrieron el Centro de la ciudad con el objetivo de entregar las firmas y se realizaron concentraciones en diversos barrios de la ciudad. A pesar de la contundente actuación de diversas dotaciones de antidisturbios venidas desde Barcelona, con 17 jeeps y tres autobuses, los representantes vecinales consiguieron entregar al alcalde Burrull las 8.117 firmas exigiendo su dimisión. Ese mismo día se distribuyó una octavilla sin firmar de apoyo a Burrull donde podía leerse:
“¡Ánimo Burull estamos contigo! (…) deja que los cuervos graznen, todos los buenos sabadellenses conocemos esta basura, creemos que si fuesen hombres de bien, estarían trabajando o cuidándose de sus familias”. Tras mencionar el gran número de “gallinas que se cambian de camisa”, finalizaba: “si tú eres ultra por ser un buen español, como tú, a Dios gracias, España está llena”.
El domingo 1 de febrero, Burrull había sido elegido y proclamado alcalde de Sabadell, como único candidato presentado. En su discurso de investidura, denunció la campaña de prensa en su contra y aseguró: “Permanezcamos unidos como lo hemos hecho siempre. No tenemos que variar en demasía nada. Y este es el camino: pensar que si todos hemos jurado ante la Biblia y ante el buen Dios, que a Este es la que realmente, en definitiva, le va a tocar juzgarnos cuando nos corresponda”. Días después, el 17 de febrero, se declaraba la Huelga General Política, que precipitaría su dimisión el 28 de febrero de 1976.
Bibliografía
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DOMENECH, Xavier. Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976). Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002.
VINADER, Xavier. Quan els obrers van ser els amos. Una setmana de vaga general política a Sabadell el febrer de 1976, Pagès editors, Lleida, 2012.
Revista CAN ORIACH.